Licda Catalina González Cruz

El Código de Familia establece la responsabilidad por la procreación de un hijo, la cual, es compartida entre ambos progenitores como expresamente lo menciona la CEDAW, responsabilidad que abarca tanto lo moral como lo material. La responsabilidad parental está conformada por una serie de atributos como lo son: la guarda, crianza y educación. Por consiguiente, la obligación de los padres no es únicamente el aspecto moral y emocional, sino también contempla satisfacer todas esas necesidades materiales que requiere el niño/a para su desarrollo y subsistencia. Como todos sabemos la cuota alimentaria se establece según las posibilidades de cada deudor alimentario, en consecuencia, así será el aporte de la cuota alimentaria, sin embargo, se debe evaluar las necesidades que requiera el niño/a según el caso concreto. No obstante, cada juzgador respetando la CEDAW, debe valorar el aporte que realiza la mujer con respecto al cuido porque en la mayoría de los casos es quien se encarga de la tenencia de la persona menor de edad. Cuando hablamos del derecho de pensión alimentaria de la persona menor de edad se debe analizar el artículo 3, párrafo primero de la Convención sobre los derechos del niño, menciona que en todas las decisiones o medidas cuyo objeto sea una persona menor de edad se debe respetar el interés superior del niño. Estas decisiones tomadas por instituciones públicas o privadas sean estas órganos administrativos, legislativos o judiciales. Ese mismo artículo de dicha convención menciona la expresión “consideración primordial” significa que las decisiones relacionadas con los derechos del niño no pueden estar al nivel que todas las demás consideraciones. En virtud, que los niños no tienen la madurez, carecen de voz o la edad suficiente para defenderse por su propia cuenta, siendo más vulnerables en relación con las demás partes del proceso en este caso de pensión alimentaria. Es por ello, que se debe considerar que es lo mejor para la persona menor de edad en el proceso de pensión alimentaria. La Convención sobre los derechos del niño establece el principio de la no discriminación, se trata de lograr una igualdad efectiva en el disfrute de sus derechos. Es por ello, que en el proceso de pensión alimentaria siendo la persona menor de edad más vulnerable se debe garantizar esa igualdad durante el proceso y en la toma de decisiones. No debemos entender el concepto del interés superior del niño de manera abstracta se debe analizar desde sus principios, elementos y garantías procesales que contempla los derechos de las personas menores de edad. Es importante valorar los elementos que se pueden ponderar para garantizar los derechos de los niños/as, en un proceso de pensión alimentaria, como lo es: el cuidado, protección y seguridad del niño, el cual, debe ser estudiado de manera amplia porque no se trata solo de los daños físicos que sufre la persona menor de edad, sino su bienestar material, educativo, físico y emocional. Además, se debe analizar la situación de vulnerabilidad de la persona menor de edad, como otro de los elementos que contempla el interés superior del niño. Por consiguiente, se debe analizar las circunstancias que vivimos en la actualidad relacionado con la pandemia, los niños/as en algunos casos se encuentran en una desventaja aún mayor por el Covid -19. La Observación General número 14 del comité de los derechos del niño, establece las garantías procesales para velar por interés superior de la persona menor de edad, entre ellas la percepción en el tiempo de las decisiones que determina el juzgador. Es por ello, que debe analizar cómo afecta o beneficia al niño/a el rebajo de una cuota alimentaria, el pago en tractos, la suspensión de apremio corporal. Y porque no, cómo beneficia al niño/a?, una decisión de esta magnitud, porque estas medidas a favor del deudor alimentario pueden mejorar su situación económica. En virtud, que la persona no tiene los mismos ingresos que tenía al inicio del proceso y que ahora por causas externas este ingresó disminuyó. El objetivo de estas medidas es evitar algún incumplimiento por parte del deudor alimentario provocando un perjuicio a la persona menor de edad. Lo que estamos viviendo son hechos notorios, excepcionales y ajenos al deudor alimentario, por consiguiente, todas estas medidas se deben tomar en cuenta, pero tutelando los derechos de la persona menor de edad y garantizando al deudor alimentario poder hacerle frente a la obligación. Licda Catalina González CruzMsc. Catalina González Cruz Especialista en Derecho de Familia Abogada y Notaria

La evolución de los derechos otorgados a las personas con discapacidad requirió de un cambio de paradigma y voluntad política. A través de los años, se ha avanzado en los conceptos sobre discapacidad y que poco a poco integran a esta población desplazada por la sociedad. Ajustando el concepto de diversidad como un valor y no como un problema o una carga para la sociedad. Al analizar el derecho al matrimonio, como derecho humano se determinó que por muchos años fue restringido a las personas con trastorno del desarrollo intelectual. A su vez, la sociedad, es responsable de la discriminación, ya que, en la mayoría de los casos es la sociedad misma la que pone los muros de infraestructura y actitudes que no permiten que estas personas se desenvuelvan en la colectividad en igualdad de condiciones. Lo que provoca que el entorno coloque una serie de barreras que evidentemente representa pocas o nulas posibilidades para esta población de realizar por sí mismos actos jurídicos, como es contraer matrimonio. A lo largo de la historia, la condición de persona no la ostentaba jurídicamente cualquier ser humano, los esclavos, por ejemplo, carecían de ella. Así, como no toda persona tenía el mismo status, lo cual, repercutía en el ejercicio de la capacidad jurídica, como fue el caso de las mujeres. Además, la capacidad jurídica es inherente a toda persona desde su existencia, considerada como la aptitud legal de adquirir derechos y contraer obligaciones civiles. Mientras que la capacidad de ejercicio es la aptitud legal para obligarse por sí mismos y disponer de sus bienes, la cual, se restringe por su capacidad volitiva o cognoscitiva, o por incapacidad legal. Por ello, diferenciar entre incapacidad y discapacidad. Siendo la primera la imposibilidad de ejercer la capacidad de obrar. La segunda, la discapacidad, como el resultado de la interacción del entorno con las personas con discapacidad, provocando barreras, producto de la actitud de la sociedad que imposibilita la participación plena y efectiva de esta población en igualdad de condiciones en relación con los demás. Los instrumentos internacionales sobre derechos humanos garantizan el derecho al matrimonio. A su vez dispone que las leyes internas de cada país deben establecer las condiciones necesarias para que las personas contraigan matrimonio, sin embargo, dichos requerimientos no deben afectar el principio de no discriminación. Además, se exige como requisito indispensable para poder celebrar el matrimonio el pleno y libre consentimiento de ambos contrayentes. Es importante brindar los ajustes razonables para esta población, pero tomando en cuenta las particularidades de cada condición, en algunos casos esos apoyos deben ser permanentes por la gravedad de su condición. Sin embargo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, especialmente su artículo 12 garantiza el ejercicio de la capacidad jurídica, aunque existen casos excepcionales que la persona con discapacidad cognitiva no puede realizar por sí misma actos jurídicos como lo es el matrimonio. A pesar, que la Convención propuso un cambio de paradigma, se comprobó que aún prevalece en Costa Rica el paradigma asistencial y de sobreprotección. A partir de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se establece que la sociedad es responsable de velar que se cumpla la normativa existente, al considerar la discapacidad no sólo como una característica propia del sujeto, como un fenómeno estrictamente individual, sino esencialmente como el resultado de la interacción del sujeto con su medio social. En la Constitución Política de España, Argentina, Ecuador, Perú y Cuba establecen que las personas son iguales ante la ley, no puede existir discriminación por su condición de discapacidad. Sin embargo, se destaca la Legislación de España y Argentina, la forma como regula el derecho al matrimonio de las personas con discapacidad cognitiva, sin permitir interpretaciones erróneas que restrinjan este derecho. En virtud, que son claros en sus normas, se presume este derecho a esta población, salvo en los casos que se demuestre por medio de un dictamen médico que la persona con discapacidad cognitiva no comprende los deberes y derechos del matrimonio. Considerando que la discapacidad cognitiva por sí misma no determina la falta de consentimiento matrimonial y tampoco la nulidad del matrimonio. Del análisis de la Legislación de Costa Rica se ha concluido que, para garantizar la ejecución de los actos jurídicos de las personas con discapacidad cognitiva, no es necesario la modificación del artículo 36 y 41 del Código Civil porque en la actualidad según el nuevo paradigma se presume la autonomía de la persona con discapacidad cognitiva y solo en casos excepcionales que se demuestre lo contrario se aplicaría los presupuestos de los dos artículos mencionados anteriormente. Porque no se trata únicamente del reconocimiento de la personalidad jurídica, sino que puedan llevar a cabo por sí mismos esos derechos y obligaciones. A pesar que existe norma expresa que garantiza este derecho como lo establece la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad, especialmente su artículo 5, que reconoce el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad cognitiva, así como el artículo 11 que garantiza el derecho de la persona con discapacidad cognitiva a contraer matrimonio. Se constató que se restringe injustificadamente a esta población su derecho humano a contraer matrimonio, afectando la dignidad de la persona con la condición de discapacidad intelectual. El artículo 15 del Código de Familia inciso 2, debe interpretarse a la luz del nuevo paradigma denominado modelo social, el cual, presume la autonomía de todas las personas con la condición de discapacidad, aun siendo cognitiva. Sin embargo, solo en casos excepcionales se debe determinar por medio de un dictamen médico que la persona con la condición de discapacidad cognitiva no comprende los derechos y obligaciones que conlleva un matrimonio, por lo tanto, estaríamos dentro de los presupuestos del artículo 15 bis de dicha norma. Por consiguiente, se presume que las personas con la condición de discapacidad cognitiva pueden contraer matrimonio, en virtud, que debe prevalecer el nuevo paradigma que garantiza la capacidad de ejercicio de esta población. La … Leer más

En México, España, Nicaragua, Argentina y en otros países existe la posibilidad de solicitar el Divorcio sin contar con una causa en específico que justifique su disolución, no obstante, es procedente en dichas latitudes la solicitud de manera unilateral solo por el hecho que el matrimonio es insostenible. Constitución Política de Nicaragua, artículo 72: “El matrimonio y la unión de hecho estable están protegidos por el Estado; descansan en el acuerdo voluntario del hombre y la mujer y podrán disolverse por mutuo consentimiento o por la voluntad de una de las partes. La ley regulará esta materia.” En Costa Rica, no tenemos el derecho fundamental del divorcio, no se encuentra reconocido en nuestra Constitución Política, sin embargo, existe la posibilidad de solicitar la disolución del matrimonio al juez, pero únicamente en aquellos casos que el derecho le ampara. En consecuencia, debo explicarle al juez porque razones me quiero divorciar. En otras palabras, solicitarle al Estado si procede mi divorcio en un proceso judicial que en muchos casos es lento, oneroso y tedioso. “Un primer sistema consistiría en admitir el divorcio puramente voluntario, sea por voluntad unilateral (repudiación), o por mutuo disenso de los esposos, sin recurrir al aparato judicial. Si se admite solamente el divorcio judicial, se abre entonces una nueva opción, entre dos grandes variantes: el tribunal podrá apreciar libremente el buen fundamento de la demanda (divorcio por la causa indeterminada), o bien no podrá admitir más que los casos limitativamente previstos por la ley (divorcio por causas determinadas)”. (Trejos, 2010, pág 303) Con la introducción de la reforma del artículo 48, se adiciona el inciso (8 del Código de Familia, se puede considerar uno de los cambios mas grandes de la legislación de familia desde 1888. En virtud, que nace esta nueva posibilidad de divorciarse, que no exista causa. Como expresamente lo menciona el espíritu del proyecto de ley de dicha reforma, cuyos objetivos fueron el respeto al principio de autonomía de voluntad y evitar desigualdades entre los cónyuges. A pesar, de la introducción de dicha reforma, el sistema de causales no ha desaparecido, sino más bien, introdujo una causal más la adición del inciso (8 del artículo 48 del Código de Familia. Se puede determinar en dicha norma, que alguna de las partes tiene la posibilidad de disolver el matrimonio porque el mismo es insostenible, ya que anteriormente, si alguna de las partes no estaba de acuerdo con el divorcio, manifestaban: “No le doy el divorcio”, obligando al otro cónyuge a que se tuviera que separar, conllevando esto otras complicaciones en la relación. Sin embargo, en estos países que mencione al inicio, se eliminaron las causales para solicitar el divorcio, porque muchos consideraron una violación a la intimidad y autonomía de la persona, existiendo en dichos países únicamente dos formas para disolver el vínculo matrimonial: por mutuo acuerdo o unilateralmente. Al introducir esta nueva causal en nuestra legislación por incompatibilidad de caracteres, sigue preexistiendo al mismo tiempo las demás causales. No obstante, considero que va a quedar a criterio del juez, según su interpretación de la norma, primero que con solo la solicitud del divorcio es motivo para decretarlo, en consecuencia no es necesario dar razones para solicitarlo, y el segundo criterio que se puede suscitar en los juzgados de familia, es que se solicite a la parte interesada los motivos por los cuales quiere divorciarse. En el caso, que se decrete el divorcio con solo la solicitud por incompatibilidad de caracteres, no existe la posibilidad de oposición y defensa para la otra parte con respecto a la disolución del vínculo. Se puede abrir el discusión por otros motivos como por ejemplo el resarcimiento de los daños y perjuicios, pero no por la disolución del vínculo. Es importante, que para solicitar la causal por incompatibilidad de carácter debe superar los seis meses después de contraído el matrimonio. Con relación al régimen patrimonial del matrimonio se mantiene las soluciones legales que se indican en el Código de Familia. Es importante recalcar, que desde la creación de esta reforma sus objetivos fueron el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la intimidad porque es urgente ajustarnos a la realidad social Licda Catalina González CruzMsc. Catalina González Cruz Especialista en Derecho de Familia Abogada y Notaria

Es necesario manejar los argumentos éticos y jurídicos sólidos, para facilitar la transversalización del enfoque de género en los diferentes ámbitos de la vida. Con la creación de los diferentes instrumentos internacionales, y los nuevos paradigmas de los derechos humanos garantizan la libertad y la dignidad humana desde el momento que la persona nace. Los derechos humanos son considerados el fundamento de un sistema democrático basado en la promoción y garantía del desarrollo del ser humano eliminando cualquier práctica discriminatoria. ¿Qué implica analizar el Derecho de Familia desde los Derechos Humanos? Indagar cómo ciertos y determinados derechos y principios de Derechos Humanos como los de igualdad y no discriminación, libertad o autonomía personal, por citar algunos, han promovido modificaciones radicales en varias de las instituciones familiares. (Herrera, 2015, párr. 2) A partir de la Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la mujer, inicia una positivización internacional de los derechos humanos que se hace extensivo a los derechos de la mujer. Es importante recalcar, en el año 1979, se celebra la convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer esta convención hace referencia a todas las mujeres, no contiene mención específica a las niñas y mujeres con discapacidad. Conteniendo el principio general de no discriminación Dentro de la normativa internacional es importante iniciar con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, básicamente en el artículo 26, menciona que todas las personas son iguales y deben ser protegidas contra cualquier tipo de discriminación. En ese mismo año se establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, especialmente en el artículo tres, expresamente dice la igualdad del hombre y la mujer en la aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales. La Convención sobre los Derechos del Niño en el año 1989, en el artículo 2 indica el sexo y la discapacidad, a su vez, en el artículo 23, reconoce la situación específica de la infancia con discapacidad y hace un llamamiento a los Estados Partes para que hagan los ajustes necesarios para que pueda ser incluida en la sociedad y disfrutar de una vida justa y decente. Posteriormente, la protección de las personas con discapacidad en el año 1993 se establece las Normas Uniformes sobre la igualdad de Oportunidades para las personas con Discapacidad, otorgándole las mismas oportunidades a la niñez, a las mujeres y a los hombres con discapacidad, en las cuales se establecen los mismos derechos y obligaciones que las demás personas. Es importante destacar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada en el año 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es el primer tratado del siglo XXI de derechos humanos, a su vez promueve los derechos de las personas con discapacidades. Expresamente en el artículo 6 se refiere sobre mujeres y niñas con discapacidad. Es importante destacar que el género a lo largo de toda la convención, hace referencia a los derechos de las mujeres con discapacidad en todas las esferas de la vida. Instrumentos Internacionales desde la perspectiva de violencia de género A continuación, transcribo algunas normas de los diferentes instrumentos internacionales mencionados anteriormente: La Declaración Universal de Derechos Humanos Artículo 1 Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Articulo 7 Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Artículo 26 Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención de Belem Do Para” Artículo 1 Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Artículo 2 Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; Artículo 3 Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. Artículo 7 Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer. Artículo 1 A los efectos de la presente Convención, la expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. Articulo 3 Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las … Leer más

Según la Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes, los derechos humanos deben ser progresivos y todas las normas deben interpretarse para lo que favorezca al ser humano. No es adecuado considerar los derechos humanos definidos de manera permanente. Se necesita adecuar la normativa de acuerdo a los avances, los cuales cambian a la sociedad, surgiendo nuevas necesidades que deben ser reguladas. Los instrumentos internacionales de derechos humanos son de rango supra legal según lo establecido en el artículo siete de nuestra Constitución Política. Es por ello, que nuestro ordenamiento jurídico no se puede analizar de una forma aislada, debemos integrar ese bloque convencional para poder actualizar, interpretar las normas internas y analizarlas según el contexto de la época. La convención es un tratado internacional, constitucionalmente válido, que asigna prioridad a los tratados internacionales frente a la ley interna en el ámbito del derecho interno, esto es, un reconocimiento de la primacía del derecho internacional por el propio derecho interno. (Herrera, 2015, párr.5) Según los estereotipos de género, el modelo, los roles y la identidad de la mujer se define como opuesta al varón. Es considerado algo dicótomo, el hombre y la mujer poseemos diferencias marcadas con respecto al rol social, diferencias que suponen una desigualdad social evidente que llevan a fenómenos de discriminación con menosprecio hacia lo femenino. Ese menosprecio puede estar en muchas ocasiones en la marginación, violencia y los malos tratos del hombre contra la mujer. En lo que respecta, la ausencia de la simetría en las relaciones produce como efectos una discriminación directa e indirecta. La primera consiste en tratamientos desiguales por motivos expresamente prohibidos por la ley o normas internas de una institución o entidad privada. Mientras que la discriminación indirecta trata de las desigualdades que no son explícitamente expresadas, sino que se manifiestan desde un tratamiento formalmente neutro. Por lo tanto, la dicotomía femenina – masculino establece estereotipos rígidos, favoreciendo la permanencia de los papeles que limitan que las mujeres se desenvuelvan libremente sin estar atadas a los patrones impuestos. Es así, como la figura de la mujer está asociada a lo negativo, subjetivo, emocional, irracional; y los hombres a lo positivo, objetivo, universal y abstracto. Por consiguiente, se confirma, como la sociedad impone el comportamiento que considera adecuado para cada sexo. Ahora bien, con la explicación anterior, de la asignación de roles en la estructura familiar tradicional, podemos entender las conductas machitas que se generan en las relaciones de pareja perjudicando el bienestar de la familia, pero principalmente la integridad física y emocional de la mujer. Los hogares como unidades primarias de socialización no son más que el reflejo de estructuras sociales, en donde se reproducen y recrean formas de organización basadas en jerarquías de poder definidas por una sociedad. En las sociedades, como la costarricense, en donde las diferencias entre géneros son notorias, a pesar de los avances (Estado de la Nación, 2001), la asignación de responsabilidades a mujeres y hombres al interior de los hogares son significativamente diferentes con clara desventaja para las femeninas. (Sandoval y González, 2004, pp. 88-89) Relaciones jerarquizadas que propician micromachismos. A pesar, que la mujer en las últimas décadas ha logrado empoderarse gracias a la ciencia, la tecnología y la lucha que han ejercido las poblaciones vulnerables por la búsqueda de un trato igualitario y libre de discriminación. Es evidente que existe violencia en las relaciones de pareja, siendo el hombre el principal agresor, quien se favorece de los roles que la sociedad asignó para lograr mantener la sumisión y dependencia a la mujer. Es así, como el hombre tiene el poder y realiza comportamientos que limitan a la mujer a desarrollarse con autonomía. El hogar como unidad de individualidades que interactúan entre sí para la satisfacción de sus necesidades fundamentales, es también un lugar donde se generan conflictos, producto de los intereses diversos, cambios en los roles de sus miembros, de las relaciones de dominación y subordinación y del uso de la violencia para resolver conflictos. Sandoval y González, 2004, p. 89) Lo cual, favorece que el hombre ejerza conductas de violencia muy sutiles, que pasan desapercibidas, consideradas como normales por la sociedad. Así mismo, conforme pasa el tiempo el hombre va adquiriendo más poder sobre la mujer, logrando ejercer el micromachismo con más frecuencia y fuerza. Además, el agresor sabe que sus actuaciones ilícitas nunca van a poder ser denunciadas porque ocurren en la intimidad de la pareja. Al ser comportamientos tan sutiles, las personas que rodean a la víctima no se percatan del daño que le ocasionan a la mujer. En consecuencia, la victima sufre en silencio, sin contar con apoyo. En la mayoría de los casos la mujer no se percata de las conductas de violencia que ejerce su pareja y que le generan sintomatología, haciéndola caer en la mayoría de los casos en una depresión, asociada muchas veces a enfermedades físicas. Esto se debe, a que los micromachismos son pequeños comportamientos que se realizan paulatinamente y de forma sutil, considerados por la sociedad como normales. Estas acciones son ejecutadas por los varones de manera permanente sin ser notados por la propia víctima. Es así, como restringe el poder personal, autonomía, el equilibro emocional y psicológico de las mujeres. En consecuencia, estas relaciones de pareja son desiguales y jerarquizadas concentrando el poder únicamente en el conyugue varón. Lo peor, dada la invisibilidad de las conductas la mayoría quedan impunes. Al no ser visibles estas conductas, las mujeres no cuentan con el apoyo necesario para empoderarse y salir de ese ciclo de violencia doméstica. Es por ello, que es vital una red de apoyo porque ayudan a identificar estas conductas dañinas para su salud y su desarrollo en la sociedad. Licda Catalina González CruzMsc. Catalina González Cruz Especialista en Derecho de Familia Abogada y Notaria

¿Cuáles son los roles asignados por la sociedad que provocan la sumisión de la mujer y su desenvolvimiento en el ámbito privado? Como profesionales en derecho es importante realizar un estudio jurídico con respecto a los roles establecidos, en virtud, que es una realidad que se suscita actualmente en nuestra sociedad. A su vez, debemos ser conscientes que el derecho de Familia es dinámico y los avances de la sociedad requieren de nuevos estudios que garanticen los derechos consagrados en los diferentes tratados internacionales y nuestra constitución. Por consiguiente, este análisis se hace desde una perspectiva amplia, separando intereses religiosos, económicos y políticos que impiden cambios necesarios para la sociedad. Estos obstáculos, provocan normas cargadas de estereotipos y perjuicios a las minorías. Es responsabilidad, de todos tener una sociedad más equitativa, libre de prejuicios, discriminación y desigualdad, partiendo de esto, el siguiente análisis se realizará desde el paradigma de los derechos humanos. Es importante analizar la teoría del contrato social pero desde la perspectiva del contrato sexual, en virtud, que el contrato está lejos de oponerse al patriarcado y es el medio a través del cual el patriarcado moderno se constituye. El origen es un contrato sexual- social, pero la historia del contrato sexual ha sido reprimida. Se presenta la teoría del contrato social como una historia sobre la libertad que cambian las inseguridades de la libertad natural por la libertad civil protegida por el Estado. En la sociedad civil la libertad es universal, todos los adultos disfrutamos de la situación civil. Pero esta historia, es una historia sobre el derecho político como derecho patriarcal o derecho sexual. Es decir, la libertad de los hombres y la sujeción de las mujeres se crean a través del contrato original. Por consiguiente, la libertad civil no es universal, es un atributo de los hombres y depende del derecho patriarcal. Así mismo, el matrimonio empieza también con un contrato, es importante recalcar un aspecto de los contratos, su derecho a la propiedad, el cual, lo tienen los individuos sobre sus propias personas. Es así, como las mujeres no son parte del contrato, sino que son consideradas objetos del mismo, como un intercambio. Es el medio por el cual los hombres transforman su derecho natural sobre la mujer en seguridad civil patriarcal. Sólo los seres masculinos están dotados de los atributos y de las capacidades necesarias para realizar un contrato, el más importante de los cuales es la posesión de la propia persona, sólo de los varones cabe decir que son “individuos”. (Pateman, 1995, p.15) Por consiguiente, las estructuras familiares son construcciones sociales creadas por el hombre para regular a la sociedad de acuerdo a las necesidades que imperan en ese momento. Es así, como nacen las estructuras tradicionales de familia gobernadas por el Pater Familia, quien tenía el poder sobre todos los miembros de la misma, suprimiendo los derechos de la cónyuge y de sus hijos. Es así, como la mujer prácticamente era sumisa y el rol que asumía lo hacía desde el ámbito privado, asumiendo labores del hogar y la crianza de sus hijos. Por el contrario, el rol del hombre era desde el ámbito público logrando satisfacción y realización personal. En consecuencia, ese prestigio público de proveedor y poder en la familia generaba la dependencia de los demás miembros hacia el jefe del hogar. El patriarcado es, entonces, visto como un problema familiar, privado, que puede superarse si las leyes públicas y las políticas tratan a las mujeres como si fueran exactamente iguales que los hombres. Sin embargo, el patriarcado moderno no está sustentado en primer término y sin más en la sujeción familiar de las mujeres. Las mujeres se comprometen en relaciones sexuales con los varones y son esposas antes de convertirse en madres de familia. La historia del contrato sexual se centra en relaciones (hetero) sexuales y en las mujeres en cuanto seres sexuados encarnados. La historia ayuda a comprender los mecanismos mediante los cuales los hombres afirman el derecho de acceso sexual a los cuerpos de las mujeres y reclaman el derecho de mando sobre el uso de los cuerpos de las mujeres. (Pateman, 1995, p.29) Con el avance de los años la mujer llega a tener un rol público y se empodera en la sociedad logrando independizarse para tomar decisiones sobre los diferentes ámbitos de su vida. Por consiguiente, todos estos cambios modifican las estructuras tradicionales de las familias provocando el surgimiento de otros tipos de familias. Además, la ciencia y la tecnología al evolucionar empodera a las mujeres sobre su sexualidad, y con la creación de los anticonceptivos el sexo no es sinónimo de reproducción. A partir, de ese momento las mujeres pueden disfrutar las relaciones sexuales sin miedo a quedar embarazadas. Además, considerando que la maternidad no debe ser impuesta y exclusiva de la mujer. Por consiguiente, la mujer tiene el derecho a decidir cómo, cuantos y en qué momento desea ser madre. También los diferentes métodos de reproducción asistida facilitan a que las parejas homoparentales tengan la posibilidad de ejercer la maternidad o la paternidad. Dejando atrás esas estructuras tradicionales de la familia formadas por un hombre y una mujer, Es así, como la maternidad ya no es exclusiva de la mujer también el hombre tiene derecho a ejercerla y disfrutarla. En el caso de la píldora anticonceptiva, las personas podían tener relaciones sexuales liberándose de las consecuencias de un embarazo no deseado, separando la sexualidad de la procreación y generando una revolución en el campo sexual, relacional, psicológico y social. Con las píldoras anticonceptivas, se podía tener sexo sin procrear, ahora con la próxima revolución, el de las técnicas de reproducción asistida, se podía procrear sin tener sexo. Las técnicas de fertilización abrieron el campo de la paternidad y la maternidad a muchísimas personas que lo tenían vedado, entre ellas a las personas LGBT. (Camacho y Gagliesi, s.f., párr.2) La norma jurídica debe ser viva y dinámica que cambia de acuerdo a las necesidades de la sociedad. El derecho nunca debe considerarse … Leer más