En 1947, Billie Holiday, una cantante de jazz negra con una carrera de cerca de 30 años y una voz maravillosa, estaba en el pináculo de su carrera. No sólo figuraba en las listas de popularidad, sino que además había facturado sumas de miles de dólares a sus disqueras en los últimos tres años. Ese mismo año, la cantante fue detenida por posesión de narcóticos. No contó con defensa técnica ni representación en su juicio. Con un estado de salud deteriorado, aceptó los cargos y solicitó que se le remitiera al hospital. Salió de prisión un año después. Sin embargo, durante los siguientes 20 años, la cantante sería rigurosamente perseguida por la recién creada (1930) Oficina de Narcóticos y su director, Harry Anslinger. El día de su muerte, en 1959, en el hospital Metropolitano de Nueva York, fue esposada a su cama mientras su casa era objeto de un allanamiento.
Entre la satanización del cannabis como planta medicinal y su prohibición como política criminal existe, contenido de manera transversal, un discurso de xenofobia.
Anslinger tuvo gran importancia en el diseño de la política criminal de “guerra contra las drogas” y la satanización de la marihuana y del cáñamo en Estados Unidos durante los años de la preguerra. Ante un comité de la Cámara de Representantes, afirmaría:
La mayoría de fumadores de marihuana son negros, hispanos, músicos de jazz y artistas. Su música satánica se inspira en la marihuana, y cuando las mujeres blancas fuman marihuana buscan relaciones sexuales con negros, artistas y otros. Es una droga que causa locura, criminalidad y muerte; la droga que más violencia ha causado en la historia de la humanidad.
La mayoría de los argumentos esgrimidos por Anslinger no sólo en esta comparecencia, sino a lo largo de su carrera no solamente fueron suficientemente debatibles, sino que además algunos de ellos científicamente superados. Por ejemplo, de manera contemporánea, el alcalde de Nueva York, impulsa una comisión de investigación que emite el reporte La Guardia o “La Guardia Report”, en el cual se deniega categóricamente el posible carácter adictivo del cannabis o su relación a actos violentos.
En 1937 —unos pocos años después de que se levantara la prohibición de la venta de alcohol en Estados Unidos— y bajo su tutela se impulsa la “Marihuana Tax Act”. La Asociación Médica Americana se opuso a esta ley, ya que prohibía a los profesionales de la salud recetar derivados de la planta sin ofrecer argumentos científicos suficientes para su prohibición. Ya existían leyes (como la Ley Harrison de 1914) e incluso convenciones internacionales que regulaban la materia de estupefacientes, especialmente las convenciones pactadas durante la Sociedad de las Naciones, precursora de las Naciones Unidas (la Convención del Opio de 1912 o la Convención sobre drogas peligrosas de 1925). Múltiples pueblos originarios utilizaban la planta para fines medicinales, y sus extractos se vendían como medicina de manera generalizada incluso dentro de Estados Unidos hasta principios del siglo XX. Sin embargo, la denominación “marihuana” había sido un nombre vernáculo para la planta, y es hasta este momento, con la Marihuana Tax Act, que aparece en un documento jurídico. A partir de entonces inicia un proceso de “labelling” para la planta. El nombre científico es Cannabis, con sus variedades Sativa, Indica o Rutheralis.
De manera posterior a la segunda guerra mundial, Estados Unidos siguió jugando un papel protagónico no sólo en su legislación nacional, sino como principal propulsor de la férrea oposición a cualquier producción medicinal, cultivo o derivado de la planta. Anslinger siguió a cargo de la posición oficial de dicho país, incluso hasta poco después de la segunda guerra mundial. Más aún, en los años setenta el presidente estadounidense Richard Nixon declaró oficialmente la “guerra a las drogas”. El mundo entró en los tiempos de la guerra fría y la cortina de hierro y esta conyuntura, con la guerra de Vietnam de fondo. De rescatar es el aporte de la Comisión Shafer durante este período. Sin embargo, fue bajo esa configuración del orden mundial, y bajo esa visión, que en el seno de la organización de las Naciones Unidas, la OMS, se aprobarían las Convenciones Internacionales que regularían la materia de drogas y estupefacientes durante la mitad del siglo posterior, relegando el cannabis a una de las sustancias psicoactivas más peligrosas. Bajo este contexto fueron aprobadas la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 y el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, por ejemplo.
Costa Rica es signatario de la Convención de 1961, la cual fue aprobada mediante Ley 4544. El Convenio de 1971 fue aprobado mediante la Ley 4990. La dinámica de mano dura y guerra contra las drogas se extendió hasta después de la caída del muro de Berlín. En 1988 se aprobó la Convención contra el tráfico ilícito de Drogas. La Ley 7786, “Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso No Autorizado, actividades Conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo”, es la cuarta versión “espejo” a dicha Convención. Todas estas leyes mantienen una visión muy policial y criminológica del uso de sustancias estupefacientes. Incluso después de los atentados terroristas del 11 de setiembre, hubo un endurecimiento de estas políticas. En Costa Rica este endurecimiento se manifestó mediante la aprobación de la Ley 8719 (Ley de Fortalecimiento de la legislación contra el Terrorismo) la cual introdujo, entre otras medidas, el proceso penal de flagrancia.
Sin embargo, en las últimas tres décadas, ha habido un giro importante en el mundo en la definición de la política criminal hacia el uso de drogas y estupefacientes. Se ha centrado el tema en un asunto de salud pública, y no en un tema de seguridad nacional. Más de 170 Organizaciones especializadas en el tema en las Naciones Unidas, presentes en la UNGASS (Asamblea General de Naciones Unidas Sesión Especial sobre Drogas) han afirmado que la guerra contra las drogas ha comprobado ser “un rotundo fracaso”.
Esto es sumamente importante porque humaniza la discusión, en vez de fortalecer tabúes y crear enemigos.
Costa Rica llega treinta años tarde a la discusión.
El 17 de setiembre de este año la Comisión de Ambiente aprobó un texto sustitutivo al proyecto de ley 21.388 “Ley de Cannabis para uso medicinal, terapéutico, y del cáñamo para uso alimentario e industrial”.
Aunque las autoridades gubernamentales introducen la descriminalización del cannabis como una innovación y la posibilidad de una reactivación económica, lo cierto es que la investigación y comercialización de estos derivados en este campo ya está muy adelantada en otras latitudes. La competencia en este campo será muy estrecha, y Costa Rica deberá invertir mucho capital humano para desarrollar un “know-how” y un producto manufacturado y competitivo.
Sin embargo, cualquier actividad lícita será más productiva que una política criminal intrínsecamente basada en la discriminación racial y la xenofobia, y es una gran oportunidad productiva para la región. La historia de Billie Holiday no es nada distinta a las historias que las guerras contra el narcotráfico han causado en el mundo y en Latinoamérica en los últimos 70 años, y es una gran oportunidad que esa economía sea regulada en vez de que sus mercados produzcan capitales subterfugios e historias de horror en nuestras poblaciones.
Área de especialidad o de experiencia: Derecho Penal
Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas